Mañana martes una sesión monográfica del Pleno debatirá la toma en consideración de la proposición, y una vez aprobada se decidirá si se tramita de forma directa y en lectura única. Previsiblemente ambas votaciones saldrán adelante, y se abrirá un breve plazo para la presentación de enmiendas parciales, que se votarán el jueves junto al conjunto del texto. Tras su aprobación, la reforma será enviada al Senado, que comenzará a analizarla el próximo 24 de enero.
Cuando registraron la iniciativa socialistas y populares solicitaron su tramitación directa y en lectura única, lo que implica eliminar los pasos de comisión y ponencia para evitar más dilaciones y dotar de agilidad a una reforma que se lleva negociando mucho tiempo entre los partidos y con el movimiento de la discapacidad.
Esta primera ‘reforma social’ de la Constitución fue impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que demandaba un cambio en la Carta Magna desde hace años. Dado que una modificación de la Constitución de este tipo exige un respaldo mínimo de las tres quintas partes de cada Cámara (210 diputados y 159 senadores), el respaldo de los dos grandes partidos resulta imprescindible. De hecho, la proposición de ley que el Ejecutivo presentó en la pasada legislatura no pudo salir adelante al no contar con el apoyo del PP.
En su redacción actual, el artículo 49 de la Constitución dicta que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos». La nueva redacción establece que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación». Además, indica que «los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad» y que «estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad» en los términos que establezcan las leyes». “Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad», y agrega que «se regulará la especial protección de estas personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes».
En virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos, los países tienen la obligación de abordar las desigualdades a las que se enfrentan las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige a los Estados Partes que garanticen que las personas con discapacidad tengan acceso a la misma atención que las demás personas. La OMS incluso desarrolló un glosario de términos aceptables a este respecto. El hecho de que en nuestro país hayamos tardado casi 50 años en eliminar de nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico un término tan peyorativo, demuestra lo mucho que aun queda por luchar a este respecto.
Hace a penas una semana, un deportista de talla mundial, Novak Djokovic, quiso jugar en silla de ruedas durante la exhibición ‘Novak and Friends’ celebrada en Melbourne ya que enfrente tenía a un famoso jugador australiano de tenis adaptado como es Heath Davidson. Resulta llamativo cuanto menos, ya que en Australia no existía garantía constitucional de no discriminación a las personas con discapacidad. Y es que, de los casi 200 países en que se halla dividido nuestro planeta, solamente 45 han dictado leyes anti discriminación para proteger los derechos (y las personas) de este colectivo. Algunas encuestas que se han tomado en distintas partes muestran que, en promedio, el 38% de la población cree que las personas con algún impedimento son una carga para la sociedad, cerca de un 28% resiente que las personas con discapacidad reciban una mayor atención por parte del Estado. Casi dos tercios de la población trata de evitar el contacto con individuos de este colectivo porque los incomoda, además de manifestar que no saben cómo deben tratarlos, lo que habla, también, de la falta de información y de difusión de las distintas problemáticas. Solamente un 7% de la población británica, por ejemplo, acuerda con que una enfermedad mental puede ser reconocida como discapacidad.
En resumen, las diferencias entre países (supuestamente desarrollados) a este respecto son enormes, por lo que aunque en España aun queda mucho trabajo por hacer, debemos reconocer también los avances que se van consiguiendo en materia de discapacidad. Seguiremos de cerca este nuevo proceso de reformas.