El pasado 14 de Noviembre se firmaba la Declaración de Gijón «viviendas para todas las personas en entornos construidos sostenibles, saludables e integradores», así es como los ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la UE apoyaban una declaración conjunta sobre la importancia de seguir trabajando para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Según los últimos datos de Eurostat, el 8,7 % de la población de la Unión Europea, es decir, más de 40,8 millones de personas, destina más del 40 % de sus ingresos a pagar la vivienda. Este porcentaje asciende al 20,8 % si se considera el conjunto de familias que residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado. Además, se ha producido un preocupante aumento del número de personas sin hogar en la última década en la mayoría de los Estados miembros. La Encuesta FOESSA sobre necesidades sociales advierte que En España contamos tan solo con 1.1% de vivienda pública, frente al 50% de la UE, lo que supone la existencia de tan solo 1 vivienda pública adaptada por cada 1.000 habitantes. Si calculamos que existen 100 personas con discapacidad por cada 1.000 habitantes, el resultado es que el 99% del colectivo no puede acceder a una vivienda adecuada a sus necesidades.
En la citada Declaración, los responsables europeos reconocían la falta de vivienda a precios asequibles para todas las personas y hacían un llamamiento para ofrecer soluciones de vivienda o de financiación a los hogares con rentas medias y bajas, a las personas sin hogar y a otros grupos vulnerables, así como a los jóvenes y a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Esto podría incluir la creación y promoción de un parque de viviendas asequibles y sociales. Pero la realidad continúa siendo otra.
Por eso en la segunda edición del CAVI 2023, el Congreso de Accesibilidad y Vida Independiente liderado por COCEMFE este martes, se planteaban acciones concretas para hacer efectivas las actuales políticas. Entre las más reseñables, cabe apuntar:
- La creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal que destine el 1% de los Presupuestos Generales del Estado para subvenciones de accesibilidad en viviendas, así como el establecimiento de sanciones por incumplimiento de los mandatos legales sobre accesibilidad.
- La necesidad de cambiar el diseño del parque de viviendas de nueva construcción; incorporando al Registro de la propiedad en la ficha técnica de la vivienda, su nivel de accesibilidad. Semejante a lo que actualmente se aplica al certificado energético.
- Reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que los costes de las obras de accesibilidad en edificios de viviendas donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos en su integridad por las propias comunidades de vecinos.
Desde COCEMFE TOLEDO reconocemos «que las políticas urbanas nacionales a que se refiere la Nueva Carta de Leipzig, en el marco de la Agenda Urbana para la UE, son un instrumento de gobernanza a distintos niveles que facilita la coordinación entre administraciones, mejora la coherencia de las políticas, y promueve un enfoque integrado para lograr ciudades y pueblos más competitivos económicamente, más sostenibles medioambientalmente, y más inclusivos». Pero recalcamos la importancia de no avanzar sólo en eficiencia energética y sostenibilidad, sino también en tres factores fundamentales: Accesibilidad, Asequibilidad e Inclusividad, como apuntaba Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI, en su intervención (CAVI23).
Continuando con la lucha por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, nos sumamos a la campaña Una Casa De La Que Poder Salir, para que los casi dos millones de personas con movilidad reducida que solo pueden salir de casa si alguien les ayuda, y las 100.000 personas que no pueden hacerlo nunca porque su edificio no es accesible, puedan por fin vivir libremente. Os animamos a seguir de cerca esta iniciativa y promover conciencia sobre la necesidad de viviendas adecuadas como un derecho humano.